Nuestra defensa.

Por Leandro Grille, para CARAS Y CARETAS
El miércoles 7 de mayo fue presentado oficialmente el documento sobre la política de defensa nacional elaborado y rubricado el 29 de abril por el Consejo de Defensa Nacional (Codena), organismo creado por la ley marco de defensa nacional (18.650), que fuera aprobada por la totalidad de los partidos con representación parlamentaria en la anterior legislatura.
El documento titulado “Política de defensa nacional” cobró, en los últimos días, cierta notoriedad en ambas riberas del Río de la Plata por señalar que la presencia de potencias extra regionales en el .Atlántico Sur (referencia inequívoca a Inglaterra y su ocupación de las Islas Malvinas) era una de las dos amenazas latentes para Uruguay en el rubro de los conflictos regionales, junto con el agravamiento de posibles conflictos fronterizos entre países de la región y la eventual carrera armamentística concomitante. Sin embargo, el documento es mucho más que eso y abarca una diversidad de aspectos que hacen al diseño de una política y una doctrina de la defensa, que no deberían ser opacados por la selección de los medios de prensa.
En primer lugar, es un documento que se propone hacer pública y someter al análisis una estrategia para la defensa como política de Estado y a mediano plazo. No es una una enumeración de medidas para la coyuntura ni un resumen de gestión de este gobierno, sino un programa orientador de la defensa nacional concebida integralmente, que se postula en consonancia con una política de desarrollo nacional. Para ello, en .el texto oficial de 42 páginas se precisa el escenario estratégico en el cual debe implementarse la política de defensa, se expone un sucinto análisis de la coyuntura internacional, regional y nacional, se proyecta el escenario futuro, se definen los intereses vitales y estratégicos de Uruguay como nación, se reseñan los objetivos de la defensa, se enumeran los obstáculos que podríamos enfrentar y se establecen los lineamientos estratégicos para la defensa nacional. No es un documento ingenuo. No es un documento que subestime los desafíos ni las amenazas a los intereses nacionales y estratégicos, en nombre de un supuesto progresismo pacifista y desmilitarizante. Tampoco parece un plan que se concentre en el aspecto militar de la defensa, al que por supuesto no soslaya, porque concibe la defensa nacional como una articulación de aspectos que abarcan desde la protección de la infancia, el desarrollo educativo y la investigación científica, hasta el desarrollo social de los más desfavorecidos, la promoción de políticas que garanticen la soberanía alimentaria, el incentivo al uso de energías renovables, la promoción de la prospección y utilización de energías no renovables, o el uso de software libre en el Estado, por mencionar alguno de los numerosos asuntos que incorpora. En ese sentido es un documento abarcativo, en el cual desde el principio se establece que la defensa nacional es un derecho y un deber de todos, aunque sea el Estado el que cuenta, en representación de la soberanía popular, con el monopolio del uso de la fuerza. Por eso, se detallan las necesidades de la defensa militar para la protección efectiva del mar territorial, la tierra, el aire y también los ríos y lagos y el perfeccionamiento de las fuerzas armadas y sus componentes para actuar tanto en tiempos de paz como en la eventualidad de agresiones externas.

En el texto de “Política de defensa nacional” se hace una adecuada descripción de las amenazas que se ciernen sobre los intereses vitales y estratégicos de Uruguay. Pero, antes de mencionarlos, conviene destacar que la democracia republicana, el Estado de Derecho, la soberanía, la independencia y la paz, así como la integridad territorial y el desarrollo social y económico y, sobre todo, la vida, la integridad y la identidad cultural de los habitantes constituyen nuestros intereses vitales como nación y los objetivos permanentes de la defensa, y que entre los intereses estratégicos se encuentran la protección de los niños, el cuidado del medio ambiente, la presencia en la Antártida, la inserción internacional y la integración regional, el desarrollo del conocimiento y el desarrollo económico y social del país, y la protección de la democracia tanto en nuestro país como en la región. Entre las amenazas, a las ya mencionadas de la presencia inglesa en el Atlántico sur, o los conflictos fronterizos entre países vecinos de la región, se agregan el deterioro del medio ambiente y el cambio climático; la aparición de pandemias, favorecidas, además, por ese deterioro del medio ambiente; el crimen organizado; el terrorismo; el espionaje y los ataques cibernéticos (a los que no se subestima, mucho menos ahora que se sabe, gracias a Edward Snowden, que todas las comunicaciones electrónicas del mundo, tanto estatales como empresariales, y hasta las privadas, son víctimas de espionaje de Estados Unidos y otras potencias), y la inestabilidad democrática en la región, en donde, sin mencionar casos particulares se hace referencia a la nueva estrategia de golpes blandos como las que han debido enfrentar con éxito Evo Morales, Rafael Correa o Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero que, por su parte, terminaron con el gobierno de Lugo en Paraguay y Mel Zelaya en Honduras. De hecho, el texto fiel del documento dice: “En la presente década se han producido varios episodios de ruptura o intento de ruptura del orden democrático en la región. En la misma, se manifiestan procesos de transformación económica y social profundos, y simultáneamente emergen otros mecanismos que dañan la democracia y las instituciones que la sustentan, de forma más sutil y compleja que los utilizados en el pasado”.

Por último, la posibilidad de guerras extra continentales y las crisis económicas son referidas como obstáculos posibles, y ciertas tendencias mundiales se avizoran como graves desafíos. Es así que para 2030 se observa que la economía de mercado seguirá vigente, pero también la desigualdad entre naciones, y que el encarecimiento del precio de los alimentos dificultará su acceso a grandes contingentes humanos en los países más pobres, provocando enormes migraciones y conflictos de todo tipo y color. Se admite que la guerra típica entre estados será cada vez menos probable, pero otro tipo de conflictos entre actores no estatales o dentro de estados institucionalmente muy débiles, y los conflictos por los recursos naturales, en particular energéticos, pero también otros, como el agua dulce, se agudizarán, y los conflictos extra continentales pueden involucrar el uso de armas de destrucción masiva, con sus consecuencias terribles tanto para los seres humanos como para el medio ambiente, afectándonos al menos indirectamente.

En suma, un documento cuya lectura es recomendable, en el que el gobierno fija una posición sobre la política de defensa nacional para los próximos años, haciendo especial hincapié en la integración regional y latinoamericana. De hecho, se propone discutir la pertinencia del Sistema Interamericano de Defensa y del TIAR, el tratado de asistencia recíproca que liga a los países del continente con Estados Unidos, en un contexto en que la opción primordial ha pasado a ser la integración latinoamericana (en particular, en el Mercosur, la Unasur y el Consejo de Defensa Sudamericano) sin la tutela de Estados Unidos.