Desagravio

Canelones, 24 de Diciembre de 2014.

Por: Nicolás Pereira, Representante Nacional por Canelones


 

El pasado martes 2 de diciembre, apenas 48 horas después de la gran victoria popular en segunda vuelta, y mientras la derecha vernácula trataba de explicarse aún las causas de la misma, el electo Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, anunciaba el equipo que lo acompañaría en su Gabinete Ministerial a partir del 1°. de marzo de 2015.

Esa misma noche recrudecía una renovada campaña injuriante contra la gestión política y la figura del compañero Ministro de Defensa Nacional (actual y futuro), Eleuterio Fernández Huidobro.

Esta campaña, que tiene ya muchos años, cobró particular estado público y virulencia durante el presente quinquenio en oportunidad de los debates en torno a los proyectos que el Frente impulsó para dejar sin efecto la Ley de Impunidad, y con su posterior nombramiento al frente del MDN. En dichos debates, el compañero Huidobro en particular y desde la CAP-L en general, sostuvimos una postura crítica.

Sostuvimos durante aquel largo y delicado debate dos grandes líneas argumentales. Por un lado, que dichos proyectos adolecían de un conjunto importante de problemas de carácter jurídico que los convertían en inaplicables y, que por lo tanto, el medio elegido por nuestra fuerza política no era el idóneo para lograr el fin perseguido.

Esto implicaría, a nuestro juicio, una nueva y dura frustración a las esperanzas de nuestro pueblo en esta tan delicada materia.

No era un invento nuestro. Toda la cátedra, que desfiló por las Comisiones Asesoras de ambas ramas parlamentarias, alertó sobre la inconstitucionalidad manifiesta de aquellos proyectos. Lamentablemente, la historia posterior a dichas leyes me exime de mayores comentarios.

Por otra parte, manifestamos nuestro rechazo frontal a modificar por vía legislativa un asunto en el que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, se había expresado claramente en dos oportunidades. Mucho menos podíamos modificar esa expresión popular, en el acierto o en el error, los legisladores que fuimos electos en el mismo acto en que el pueblo resolvió en otro sentido. Decíamos que,necesariamente, debíamos convocar nuevamente al pueblo a expresarse en torno al tema si queríamos avanzar en dicho asunto. Así lo propusimos… dispuestos a recorrer los caminos necesarios para su convocatoria junto al conjunto de las fuerzas frenteamplistas y sectores sociales que entendieran trascendente avanzar en ese sentido. Las mayorías no siempre tienen la razón, pero lo que sí deben tener siempre, es la última palabra.

Luego,con el nombramiento del Ñato al frente del Ministerio de Defensa, se sucedieron una serie de denuncias o más bien declaraciones públicas de diferentes actores sociales, operadores judiciales, etc. (todos ellos muy respetables), que apuntaban a poner de manifiesto una suerte de encubrimiento hacia los militares protagonistas del Terrorismo de Estado por parte del Ministro.

Recordamos así las acusaciones respecto de la negativa al ingreso, primero, y a poder tomar fotografías, después, en el Centro de Detención Clandestino 300 Carlos,ubicado en el Servicio de Material y Armamento del Ejército; o una serie dedenuncias sobre falta de respuestas de parte del Ministerio ante requerimientosde información por parte de la Justicia en causas de Derechos Humanos.

Debo decir que me consta fehacientemente que todos y cada uno de los requerimientos de la Justicia Penal en materia de causas referidas a la violación de los Derechos Humanos durante el período del Terrorismo de Estado en nuestro país, tienen el más rápido diligenciamiento en el Ministerio de Defensa Nacional sin pasar por ningún tipo de filtro político. Como debe ser.

Y así  le consta, al menos, al Partido Socialista del Uruguay, al Partido Comunista del Uruguay, al Movimiento de Participación Popular por intermedio de compañeros que forman parte del equipo de conducción política de dicho Ministerio; y por tanto, así le consta al conjunto del Frente Amplio ¿Serán todos cómplices de una política de encubrimiento?

A tal punto esto es así que hacia mediados de 2012 el Senador de la República Luis Rosadilla, ex Ministro de Defensa, y ante los planteos reiterados de la negativa por parte de dicha Cartera a colaborar con información en estas causas, envió un Pedido de Informe para conocer los tiempos de respuesta ante dichos requerimientos, lo satisfactorio de las respuestas del Ministerio y en casos insatisfactorios las causas de tales circunstancias.

La respuesta fue clara en el sentido de que los tiempos eran adecuados al tipo de requerimientos (por cuanto muchas veces implica la reconstrucción de ciertas trayectorias en la interna de las diferentes fuerzas y que ello conlleva un tiempo importante de trabajo por referir a un conjunto de archivos que deben procesarse adecuadamente), que la información estaba siendo aportada y que los casos en que las respuestas no eran satisfactorias era a causa de falta de información en el propio Ministerio.

Parece de perogrullo, pero no está de más reafirmar que, evidentemente, los militares implicados en el Terrorismo de Estado desaparecieron no sólo a nuestros compañeros sino también toda la evidencia que pudieron acerca de sus terribles actos.

La campaña que hoy recrudece, luego de expresada la renovada confianza del compañero Tabaré Vázquez, apunta a alejar de la conducción del MDN a un tipo polémico y polemista, irónico, controvertido, arrogante, autoritario,histriónico, que puede resultar agresivo en sus declaraciones, temible adversario con la pluma y la palabra para propios y extraños… pero no, deninguna forma a un encubridor de violadores de los derechos humanos más elementales de nuestro pueblo.

No esverdad que el Ñato obstaculice los caminos de la justicia en las causas referidas a la violación de los Derechos Humanos durante el período del Terrorismo de Estado. Esto es una injuria inaceptable. Y si no fuera así,merece la denuncia correspondiente ante la Justicia, que por otra parte debe demostrarse. Afirmar tal extremo además, implica decir que los compañeros Tabaré Vázquez y Pepe Mujica también participan de esa suerte de encubrimiento y una larga lista de compañeros frenteamplistas junto a ellos. Implica decir que el Gobierno frenteamplista sostiene una política en dicho sentido.

Yo no acepto que se me acuse de encubridor ni a mí, ni al Ñato, ni a Pepe, ni a Tabaré, ni a esa larguísima lista de compañeros frenteamplistas. Y no acepto que se acuse a mi Gobierno de estar apenas cosméticamente comprometido con la plena vigencia de los derechos humanos en mi país. No.

Las declaraciones públicas del Ñato pueden resultar de un histrionismo tal que afecten ciertas sensibilidades. Es cierto; y no lo justifico.

Pero no intentemos poner en cuestión la política de derechos humanos del Gobierno o su política de defensa a través de un debate sobre un cruce de declaraciones o sobre lo cuidadoso que hay que ser (comparto) para referirse a tan delicado asunto.

Si los rumbos de esas políticas se pretenden cuestionar,  hay que hacerlo claramente, llamando las cosas por su nombre, invitando al Gobierno y a la sociedad toda a debatir tales extremos y poniendo alternativas sobre la mesa.

Esta política de Derechos Humanos ha sido la que permitió avanzar lo que se ha podido en materia de Verdad y Justicia. Es curioso ver como quienes llevan adelante estos planteos cuestionadores de la política que sigue el Gobierno, no se preguntan por qué, a pesar del pacto de silencio de los militares represores, los compañeros desaparecidos recuperados han aparecido por fuera de los patrones de búsqueda previamente establecidos; ni de dónde ha surgido la información que permitió recuperarlos. Porque seguro no cayó del cielo…

Con esto quiero decir que el mayor agravio que he sentido a lo largo esta lamentable controversia fue el propinado hacia el conjunto de mi Gobierno en la afirmación de que el mismo obstaculiza el acceso a información sobre violaciones a los Derechos Humanos.

También hemos visto cuestionamientos al rumbo de la política de defensa llevada adelante por nuestros Gobiernos y por el Ministro.

Dicha política tiene un rumbo claro enmarcado en el Programa del Frente Amplio y viene desarrollándose en línea con el mismo. Así, primero votamos la Ley Marco de Defensa producto de un amplio debate nacional del que participó todo el que tuvo interés. Luego se instaló el CODENA con un claro mando civil sobre el componente militar en materia de planificación de las estrategias de Defensa Nacional, que elaboró una serie de Documentos que fijan la estrategia de Defensa con un hincapié importante en la defensa de nuestros recursos naturales, de ciertas infraestructuras vitales, en el combate a la contaminación, a los ataques cibernéticos y que coloca al capital financiero internacional como una amenaza en el marco de dicha estrategia. De este Documento deberá desprenderse en el futuro período de Gobierno el componente militar de la Defensa Nacional y el debate sobre un eventual redimensionamiento de las Fuerzas.

Llama poderosamente la atención como todavía hay quienes cuestionan la existencia de una política de Defensa Nacional con rumbo claro.

Quiero manifestar que no me parece irrelevante el origen de la financiación de organizaciones que, no dudo, han luchado y luchan cotidianamente por la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país.

Pero lo que me parece más fundamental es que el conjunto de la izquierda y la sociedad organizada propiciemos un debate serio y alejado de todo tipo de preconceptos acerca de las diferentes doctrinas en boga en el mundo sobre el derecho Internacional de los Derechos humanos y las consecuencias que ellas tienen en términos de afectación de nuestra soberanía. Y cómo dichas doctrinas hoy permean las más diferentes instituciones y organizaciones. Hoy Latinoamérica discute estos temas tan alejados de la agenda de la izquierda uruguaya.

Y no es un simple debate en el aire. Aceptar, como parecemos hoy aceptar en el ancho campo de la izquierda social y política, el predominio del derecho internacional sobre nuestro derecho interno en esta materia tiene, a mi juicio, consecuencias insospechadas a simple vista. Entre ellas, una resignación en términos de soberanía para definir cuáles derechos deben ser priorizados sobre otros, pero fundamentalmente estamos aceptando por la vía de los hechos la legitimidad de un centro de poder que definirá cuestiones al respecto, en el que los uruguayos no tenemos voz.

Está claro que nuestro derecho interno surge de las opciones políticas que los uruguayos hacemos en términos de representación política y que respecto de nuestro orden constitucional la soberanía radica en el cuerpo electoral todo; sin embargo, el derecho internacional es elaborado en ignotos lugares bajo la influencia de los más diversos intereses que no necesariamente (más bien todo lo contrario) son los de nuestro pueblo.

Tal vez sea momento de bajar el tono de las declaraciones públicas y reforzar los argumentos, desde todas partes, admitiendo que tenemos debates muy importantes para la izquierda por delante y que si logramos encontrar los espacios para un debate serio y profundo sobre ellos quizás no estemos tan lejos como parece.

A este debate el compañero Ñato viene invitando, claro que fiel a su estilo, desde hace tiempo… y me permito arriesgar que no ha sido comprendido.

Estas líneas no pretenden ser una defensa del compañero Fernández Huidobro, entre otras cosas porque él no la necesita y seguramente tampoco la desea, pero sí un desagravio ante tantos dichos injuriantes, a mi juicio, recibidos en estos últimos días.